En lucha por justicia climática para los trabajadores/as de la alimentación, agricultura y hotelería ante el cambio climático

La crisis climática pone en grave riesgo la vida y los medios de subsistencia de millones de personas dedicadas a la alimentación, la agricultura y la hostelería trabajadores y trabajadoras . A medida que el planeta se calienta, las prácticas agrícolas, el procesamiento de alimentos y bebidas, el comercio y el turismo deben cambiar y adaptarse. La UITA y sus afiliadas exigen ser parte de la solución, para negociar con los empleadores, los gobiernos y las instituciones internacionales. Los derechos, los empleos decentes y las comunidades sostenibles están en el centro de la respuesta de la UITA. La siguiente resolución fue respaldada por el Congreso de la UITA de 2017.

Este Congreso expresa una gran preocupación porque el continuo aumento de la temperatura a nivel mundial en combinación con la intensificación de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos repercute, significativamente, sobre los medios de vida de los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores de la UITA y en todos los países.

Las condiciones climáticas adversas como sequías e inundaciones, ciclones y huracanes, junto con el aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar tienen diversas consecuencias, entre las cuales:

  • el empleo temporario en las industrias de la alimentación, agricultura, turismo y hotelería se vuelve más imprevisible y precario, lo que provoca ingresos más inestables y mayor inseguridad;
  • la elevación del nivel del mar supone una amenaza para el turismo en las naciones insulares y áreas costeras, además de pérdida de tierras arables para la agricultura, lo que provoca migraciones por razones climáticas;
  • las personas que migran por razones climáticas se emplean, de manera creciente, en el trabajo agrícola del interior, en el sector informal y en empleos mal remunerados de los sectores procesamiento de alimentos, pesqueras y turismo;
  • la escasez de agua, la pérdida de tierra arable, de biodiversidad, de recursos ictícolas, así como la inestabilidad y declinación de las estaciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el derecho a los alimentos y la nutrición;
  • la falta de adecuación del medio ambiente laboral a un clima variable está menoscabando los derechos a la salud y seguridad profesional, e incrementando el riesgo de lesiones, dolencias y enfermedades.

Este Congreso reconoce la importancia que tienen los regímenes fiscales progresivos, los incentivos para reducir la huella de carbono, las “transiciones justas” y los “empleos verdes” en el abordaje de algunos aspectos del cambio climático, al tiempo que observa que gran parte de las medidas contra el cambio climático promovidas por gobiernos, organismos intergubernamentales y agencias internacionales no abordan el impacto específico del cambio climático sobre los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la agricultura y la hotelería. Más importante aún, el que no se haya incorporado un enfoque basado en los derechos y la justicia social en las medidas oficiales de acción sobre el clima implica que para los trabajadores/as y sus comunidades será mucho más difícil enfrentar las consecuencias de esos cambios.

Este Congreso también expresa su preocupación por que con el surgimiento de gobiernos de derecha se ha producido una ofensiva concertada contra la ciencia del clima y se ha revertido gran parte del progreso realizado durante la última década en las políticas de cambio climático a nivel nacional e internacional;

Por lo tanto, el 27° Congreso resuelve:

  • aumentar la educación y concienciación de nuestros miembros respecto a un enfoque sobre el cambio climático, basado en los derechos, que incorpore justicia social y económica;
  • intervenir en el plano político en todos los niveles de gobierno, siempre que sea posible, para garantizar que las políticas sobre cambio climático incorporen los derechos e intereses de los trabajadores/as de la alimentación, la agricultura y la hotelería;
  • apoyar la reducción de emisiones de carbono en las industrias de los sectores de la UITA y las “transiciones justas” que, en verdad, liberen a los trabajadores/as de la carga que supone el cambio y aseguren la sustentabilidad, a largo plazo, de empleo y medios de vida;
  • incluir acciones progresivas sobre cambio climático y empleo sustentable en la negociación colectiva;
  • promover acciones sobre el clima que palíen la migración de origen climático y protejan los derechos de los y las migrantes por razones climáticas;
  • promover acciones sobre el clima y la justicia climática que defiendan el derecho a la alimentación y la nutrición y apoyen una agricultura diversa y sustentable que asegure medios de vida rurales y el derecho a la alimentación.